La FAPA “Gabriel Miró” de Alicante apoyará todas las manifestaciones, autorizadas y fuera de horario lectivo convocadas por el Sindicato de Estudiantes para el día 17 de octubre, con nuestro lema.
“
No soy un gasto, soy una inversión. Escuela pública y de calidad”.
Desdela libertad de actuación y la madurez que siempre ha caracterizado a las
APAs integradas en la FAPA “Gabriel Miró” de Alicante, su junta directiva anima a
participar a todos los padres y madres y a sus hijos e hijas a las distintas convocatorias
de manifestación que tendrán lugar en la provincia de Alicante el próximo 18 de octubre,
promovidas por el Sindicato de Estudiantes, en pro de una escuela de todos y para
todos, gestionada democráticamente. Pero ninguna escuela, por el hecho de su
titularidad es más o menos pública. El carácter de pública no lo da la titularidad sino el
modelo que en ella se desarrolle. Los elementos básicos de la escuela que queremos
son:
Gratuita: porque la financiación pública es el único garante de que el derecho
a la educación se produzca en condiciones de igualdad para toda la ciudadanía.
Aconfesional: porque es esencial conseguir el pleno desarrollo de la
conciencia y libertad de la persona sin ningún tipo de imposición ideológica o religiosa.
Plural: porque la escuela debe estar abierta a todas las personas e incorporar
la diversidad social y de pensamiento y considerarlo además como un elemento positivo
en el proceso de aprendizaje.
Científica: porque incorpora el análisis y la crítica partiendo de que el
conocimiento humano es siempre parcial y no definitivo y, a partir de estos valores, el
aprendizaje se convierte en un proceso permanente.
Democrática: porque los valores democráticos deben ser incorporados como
práctica del aprendizaje y que la escuela pueda vivirse como un espacio de convivencia
del conjunto de sus integrantes.
Cívica: para formar a las personas como ciudadanos en el ejercicio de sus
derechos y deberes y para su integración en una sociedad plural.
Integradora: porque es fundamental aceptar las diferencias del alumnado y
garantizar la no-discriminación atendiendo a las diferencias individuales a la vez que se
tratan de alcanzar objetivos globales comunes.
Humanística: porque la persona, con su dimensión singular, ha de ser
objetivo primero y último de las actuaciones educativas, incluyendo los valores
fundamentales de la solidaridad, la tolerancia, la educación no sexista, la paz como
intrínsecamente humanos y que se deben cultivar y difundir.
Para ello, es necesario un Pacto Educativo Social (escuela a escuela, instituto a
instituto, universidad a universidad) y político. Un Pacto por la Educación que provoque
un análisis del sistema educativo, un Pacto que reforme, que modifique lo que no
funciona y que cimiente las bases para conseguir la mejora de:
Las altas cifras de fracaso escolar.
El elevado porcentaje de abandono escolar prematuro.
Los niveles de conocimiento y competencias elementales del alumnado.
Los porcentajes de titulación de la enseñanza postobligatoria.
La consideración del profesorado.
El clima de convivencia en los centros educativos.
El sistema de formación profesional.
La eficacia y eficiencia de la administración educativa.
La implicación de las familias en la educación.
La inversión en educación: no inferior a un 7% del PIB, esté la caja como esté y
gobierne quien gobierne.
Pues no se puede olvidar que la educación constituye el pilar fundamental del
progreso y la prosperidad de toda sociedad.
Cada vez más, se hace necesario un sistema educativo que garantice más calidad y
mejores resultados. ¿Cómo lograrlo?
1. Reforzando el ejercicio de la función docente, reconociendo su autoridad
académica y que las personas dedicadas a ella sean las más aptas para ejercer la
docencia, ya que la calidad de un sistema educativo está en proporción directa con
la calidad de sus docentes.
2. Fomentando la participación de padres y madres y por ende, de sus
organizaciones representativas como factor de calidad del sistema educativo.
3. Análizando, estudiando y revisando urgentemente el calendario y jornada escolar
vigentes, basado únicamente en las necesidades del alumnado del servicio público
educativo, que redunde en la mejora de su rendimiento e incremente los índices
de éxito escolar.
4. Garantizando en el sistema educativo los recursos humanos y materiales
necesarios para la aplicación de los apoyos y los refuerzos desde la enseñanza
primaria y muy especialmente en la enseñanza secundaria, así como desdobles en
las materias básicas instrumentales.
5. Llevando a cabo evaluaciones internas y externas de todos los procesos y
agentes de los sistemas educativos, incluida la propia administración, para el
conocimiento del grado de consecución de los objetivos programados, con el fin
de facilitar la toma de decisiones en lo referido a su mejora y a su contribución en
la generalización del éxito educativo
6. Mejorando la inspección educativa mediante procesos de ingreso que garanticen al
máximo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
7. Delegando la autonomía y competencias necesarias por parte de la Administración
educativa, en base a los artículos 120 a 123 del Capítulo II de la LOE para que el
propio centro, en ejercicio de su autonomía legalmente reconocida, organice su
funcionamiento y gestione sus recursos por medio del Consejo Escolar como
órgano colegiado de gobierno y de coordinación docente, haciéndole a éste
responsable de sus resultados ante la comunidad educativa a la que representa.
8. Facilitando la participación de los distintos sectores que forman parte de la
comunidad educativa en el debate, negociación y colaboración con la
Administración educativa.
9. Reconociendo el papel social de las familias, favoreciendo la participación de
éstas para la consecución de una verdadera comunicación entre la escuela y la
sociedad, que permita afrontar con mayores garantías la preparación que sus hijos
e hijas adquieran durante su escolarización con proyección a su inserción a la vida
social.
Con relación al personal docente
10. Instando al Ministerio de Educación, junto al resto de comunidades autónomas la
modificación en las normas que regulan el acceso a la función docente para que
sólo se inicien en ella aquellas personas que tengan adquiridas las habilidades
pedagógicas, implementando sólidos procesos de selección y capacitación
docente. Nadie puede dar lo que no tiene.
11. Atrayendo, para el ejercicio de la carrera docente a los aspirantes con más altos
conocimientos y capacitación, consiguiendo así elevar el status de la profesión, el
reconocimiento social y la atracción a ella.
12. Promocionando junto a las universidades la adopción de las medidas necesarias
que mejoren la formación inicial del profesorado, incluyendo en los planes de
estudio aspectos tan esenciales como tipologías de centros escolares, escuela
participativa, escuela inclusiva, etc.
13. Racionalizando progresivamente la oferta universitaria en la carrera docente,
adecuándola a la demanda real del sistema educativo.
14. Alcanzando, antes de 2015 el umbral de interinidad en un 7% en la enseñanza
primaria y en un 10% en la enseñanza secundaria.
15. Configurando una formación del profesorado de obligado cumplimiento, fuera del
horario lectivo del alumnado, dentro de su jornada laboral y vinculada a las nuevas
exigencias del sistema educativo.
16. Mejorando la formación plurilingüe del profesorado mediante el desarrollo de un
plan integral que contemplará acciones de inmersión lingüística.
17. Impulsando programas específicos para paliar la brecha digital entre el
profesorado, mejorando su formación para el uso y aplicación de las tecnologías
de la información y comunicación en el aula.
18. Desarrollando programas formativos de compensación educativa y atención a la
diversidad dirigidos a los claustros.
19. Sustituyendo las bajas del profesorado en un plazo máximo de 5 días lectivos, a
partir de que las Direcciones Territoriales constaten la baja.
20. Dotando de estabilidad a las plantillas de los centros, especialmente en los
centros de difícil provisión y estableciendo mecanismos que aseguren la provisión
efectiva de los puestos.
21. Fortaleciendo la función directiva en los centros con equipos directivos
profesionales, con autoridad y dotados de instrumentos suficientes para poder
llevar a cabo su función de modo eficaz pues sin equipos directivos sólidos, que
representen el interés de la comunidad educativa en su conjunto, se desdibujan los
objetivos de calidad que se pretenden conseguir.
22. Desburocratizando la actividad general del profesorado simplificando los
procedimientos administrativos de la docencia.
23. Estableciendo, a propuesta del director o directora de los centros educativos
retribuciones económicas complementarias al profesorado según dedicación
(cargos, tareas, responsabilidades) aprobadas por el consejo escolar del centro,
en base a lo establecido en el artículo 27, Capítulo III de la LOE.
24. Otorgando al consejo escolar del centro la competencia para valorar los méritos
de trabajo, en base a lo establecido en el artículo 27, Capítulo III de la LOE.
25. Estableciendo la figura del “maestro ayudante” durante un período obligatorio de
un curso a los docentes de nueva incorporación al sistema y asumiendo la
responsabilidad completa de la docencia con alumnado en el siguiente.
26. Instando al Ministerio de Educación, junto al resto de las comunidades autónomas
la modificación de la Disposición Adicional Sexta punto seis de la LOE con el fin
de establecer un período de siete cursos como mínimo para poder solicitar
concurso de traslados, como medida garante de la estabilidad de las plantillas en
los centros educativos.
Con relación a los padres y madres de alumnado y sus
organizaciones representativas
27. Promocionando la participación de padres y madres en la dinámica de los centros
y en la mejora de la enseñanza en nuestra comunidad, respaldando la labor de las
asociaciones, federaciones y confederaciones de madres y padres de alumnos
mediante la realización de campañas de reconocimiento del papel social
desempeñado por éstas como organizaciones representativas de los intereses de
las familias.
28. Estudiando y desarrollando vías de participación del sector de padres y madres de
alumnos en los procesos de evaluación interna de los centros, así como recibiendo
información de la evaluación externa de los mismos y del sistema educativo que
realice la administración educativa y garantizando el cumplimiento de la normativa
sobre información a los padres y madres sobre los criterios de evaluación del
alumnado. Creando e implantando sistemas que permitan una evaluación real por
parte de padres y madres de la calidad de los docentes, piedra angular del sistema
educativo.
29. Desarrollando procesos para que las APAs, a través de sus representantes en el
consejo escolar, puedan solicitar una evaluación interna y/o externa que
necesariamente ha de abarcar a todo el sistema (el centro, la organización, los
profesores, los alumnos, las familias...) y sobre todo los resultados académicos y
el nivel y grado de adquisición de los contenidos de aprendizaje de los escolares.
Esta evaluación deberá ser independiente y con garantías de profesionalidad,
definiendo los objetivos de la evaluación y teniendo en cuenta los diferentes
centros en el contexto social, económico y cultural diverso. Todos los implicados
en el proceso educativo deberán participar en la misma, para que a su vez se
asuman las consecuencias de los resultados responsablemente.
30. Analizando y, en su caso, elaborando propuestas de medidas que mejoren el
modelo de gestión de los centros docentes, así como el control y la inspección de
los mismos.
31. Adaptando el modelo de participación hasta lograr la paridad real entre el sector
docente y no docente y el sector de padres y madres en los consejos escolares de
centro, habilitando fórmulas que permitan la incorporación de otros sectores de la
comunidad social del entorno del centro, así como una mayor autonomía en las
competencias de los mismos una vez lograda dicha paridad.
32. Creando la comisión de Participación en todos los centros sostenidos con fondos
públicos, coordinada por la dirección del centro y la junta directiva del APA, que
se convocará trimestralmente por etapas y donde se informará de la evaluación
con su propuesta de mejora y de los objetivos del trimestre siguiente. Las
direcciones de los centros y las juntas directivas de las APAs elaborarán un
informe sobre las medidas adoptadas para el fomento de la participación como
objetivo prioritario para la calidad de la enseñanza. Este informe y las medidas a
adoptar se llevarán al consejo escolar del centro para su aprobación y puesta en
marcha.
33. Dotando a las APAs de un verdadero protagonismo en la organización, desarrollo
y promoción de actividades extraescolares y complementarias, reconociendo la
labor que como complemento al currículo desarrollan mediante su ejecución.
34. Analizando, estudiando y elaborando las medidas necesarias que mejoren la
participación y representación de las organizaciones de padres y madres en los
consejos escolares de centro, municipales, territoriales, autonómicos y estatal.
35. Potenciando la Mesa de Padres/Madres y Administración Educativa como foro
fundamental de debate, negociación y colaboración con la administración
educativa, estableciendo ágiles sistemas de información ascendente-descendente
y respuesta a nuestras propuestas. La Mesa de Padres y Madres podrá ser
convocada como Mesa Técnica o Mesa Sectorial.
36. Creando el Observatorio de la Participación.
37. Revisando el Decreto 126/1986 de 20 de octubre de la comunidad valenciana para
que impulse y fomente los cauces de participación de los padres y madres del
alumnado con el centro y, en especial, su derecho de asociación.
No queremos ser imprescindibles pero sabemos que somos necesarios y estamos
dispuestos a poner en juego todas nuestras capacidades para que el futuro de nuestros
hijos sea esperanzador y para apoyar un principio tan noble como el que la democracia
se instale en la escuela, eche allí firmes raíces y dé frutos granados.
Audacia sí, pero planificación y trabajo también.
Este es el reto, hay, pues, que empezar hoy mismo.
